Niñas y adolescentes son obligadas a ser madres, ya que son víctimas de violencia estructural, omisión institucional y creencias culturales profundamente arraigadas, advirtió Guedany Figueiras Ayala, integrante de la colectiva Por las Mujeres de Puebla y consejera de la Comisión de Derechos Humanos del estado.
A pesar de la despenalización del aborto en México y los esfuerzos de colectivos feministas, la activista enfatizó que mientras persistan las fallas sistémicas y la negligencia de las autoridades, no podrá hablarse de un verdadero avance en derechos sexuales y reproductivos para las infancias.
“La maternidad infantil seguirá ocurriendo en México porque las estructuras que la sostienen no han sido transformadas. Hay una omisión institucional grave y el sistema sigue atravesado por la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la violencia”, denunció en entrevista con este medio.
Recordó que las normas oficiales mexicanas, como la NOM-190-SSA1-1999 sobre la atención médica y la NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, permiten a niñas mayores de 12 años acceder a la interrupción legal del embarazo sin necesidad de denunciar. Sin embargo, en la práctica, estas garantías no se cumplen, sobre todo para las menores de 12 años que requieren del consentimiento de sus tutores quienes, en muchos casos, son sus agresores.
“Las niñas no están seguras en sus casas. Son víctimas de violencia sexual al interior del hogar y ahí es donde debemos preguntarnos, ¿cómo garantizamos realmente sus derechos si las instituciones no las protegen?”, cuestionó.
Figueiras Ayala criticó que, pese al marco legal vigente, hay un abandono sistemático de las infancias: “México es el primer lugar en embarazo adolescente y también el primer país en producción de pornografía infantil. ¿Qué están haciendo las instituciones? Tenemos leyes, códigos penales e instrumentos jurídicos, pero hay omisión, falta de corresponsabilidad, desinformación y silencio”, señaló.
La activista subrayó que los discursos y prácticas sociales siguen naturalizando la maternidad como destino inevitable de las mujeres, reforzando una violencia simbólica y estructural que impide decidir libremente sobre el cuerpo y la reproducción. “Es un imaginario colectivo profundamente violento que no reconoce la maternidad como un derecho sino como una condena”, dijo.
Además, denunció que muchas niñas son comercializadas o entregadas en matrimonio en comunidades donde persisten los usos y costumbres, como excusa para permitir violaciones a los derechos humanos.
“La marginación, el consumo de drogas y alcohol, el abandono y la violencia familiar crean un caldo de cultivo para la explotación sexual y el embarazo forzado. Lo más grave es que lo hemos normalizado: desde figuras públicas que se relacionan con menores, hasta el silencio de escuelas, vecinos o instituciones que podrían detectar y frenar estos abusos”, explica.
Finalmente, Guedany Figueiras hizo un llamado urgente al Congreso del Estado y a las instituciones de salud para que armonicen las leyes en materia de derechos reproductivos, matrimonio infantil y ley de víctimas, además de implementar programas eficaces de educación sexual.
“Ninguna niña de 10 años piensa en sexo o en ser madre. Eso no es normal, eso es violencia. Desde Por Las Mujeres de Puebla, alzamos la voz para visibilizar, sensibilizar y exigir justicia. No vamos a permitir que se sigan rompiendo infancias”, aseguró la activista.