Al funeral de la joven Angelique de 19 años, asesinada durante un ataque armado a la tienda familiar por el cobro de piso en la colonia 10 de Mayo, no llegó ningún arreglo floral del Gobierno ni las condolencias. Tampoco llegó una ambulancia solicitada al 911 para atenderla de las heridas de muerte que le causaron los delincuentes, la noche de aquel jueves 23 de abril.
Los hechos ocurrieron en la zona adyacente al Mercado Morelos, al nororiente de la ciudad capital, un centro de abasto que padece el acoso permanente de grupos delictivos dedicados al cobro de piso y narcomenudeo, como ocurre en el resto de los mercados municipales de Puebla capital y la zona conurbada, sin que las autoridades hagan nada efectivo al respecto.
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En la comisión de otros delitos del fuero común como el robo de autopartes en las zonas privatizadas del servicio de parquímetros, el Gobierno municipal atiende demandas de reparación del daño por robo de autopartes, pero a las víctimas de violencia por la inseguridad, incluido el cobro de piso, no.
Con base a los resultados más reciente de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el 81.5 por ciento de la población mayor de 18 años en Puebla considera que es inseguro vivir en la ciudad, es decir, ocho de cada 10, por encima de la media nacional del 61.5 por ciento.
En marzo de 2025 la percepción era de 74.5 por ciento, y el incremento es sostenido en el sentimiento de inseguridad pública de quienes habitan la capital del estado y la metrópoli.
Si la inseguridad pública es la constante en la entidad poblana, y la responsabilidad y obligación de los tres órdenes de Gobierno es brindar seguridad a la población, es el momento que el Gobierno responsable sea obligado a cubrir un seguro a víctimas de la delincuencia, ante un Estado fallido.
Si los gobiernos no cumplen con sus obligaciones constitucionales, deben atender a las víctimas en la reparación del daño de bienes patrimoniales afectados por la delincuencia, incluidos los gastos médicos a los lesionados, así como la indemnización a las víctimas por homicidio donde el móvil sea robo y crimen por inseguridad pública.
Así como en otros países existe el seguro contra el desempleo, en Puebla y resto de los estados, el Gobierno tiene la obligación de otorgar un seguro popular contra la inseguridad pública y asumir su responsabilidad ante el incumplimiento de garantizar la seguridad y la justicia por parte del Estado.
La lista de los delitos indemnizables está en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los ciudadanos afectados tienen el derecho de garantías por parte del Estado para resarcir el daño, independientemente de las sentencias judiciales obligatorias a los delincuentes, de acuerdo con los respectivos códigos penales.
Como Angelique, la joven de 19 años ultimada durante un ataque en una tienda de la colonia 10 de Mayo, son miles las víctimas por el cobro de piso, la extorsión, el asalto en vía pública o en el transporte público, etcétera.
Así como los casos de robo a casa habitación, de vehículos, a los cuentahabientes… El Estado debe protegerlos con la indemnización por daños de la delincuencia, como responsable por ser un Estado fallido ante la inseguridad pública, rebasado por la delincuencia.
Los legisladores locales y federales tienen obligaciones y compromisos con la sociedad que está en el abandono con leyes de protección, a merced de la delincuencia.
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