Una denuncia ciudadana pone al descubierto la presunta operación de un grupo de presuntos montachoques en el Mercado La Acocota, ubicado entre las calles 4 y 6 Oriente, 16 y 18 Norte, en la ciudad de Puebla.
Este fin de semana, un adulto mayor de 89 años habría sido intimidado, retenido contra su voluntad y finalmente obligado a entregar dinero tras un supuesto percance vehicular en las inmediaciones del centro de abasto.
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De acuerdo con el testimonio de la víctima, quien solicitó permanecer en el anonimato por temor a represalias, los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas del sábado 25 de abril.
El afectado relató que, al salir de realizar sus compras, encontró a varias personas rodeando su camioneta, quienes le bloquearon el paso y acusándolo directamente de haber impactado otro vehículo que se encontraba en el lugar.
Según su versión, el hombre negó en todo momento haber provocado daño alguno; no obstante, la situación se tornó cada vez más tensa en cuestión de minutos, cuando un mayor número de personas, presuntamente locatarios, comenzaron a congregarse a su alrededor, incrementando la presión y le exigieron que aceptara la responsabilidad del supuesto choque.
Lejos de contribuir a la resolución del conflicto o de mediar entre las partes, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que realizaba recorridos de vigilancia en el área, intervino y le retiró las llaves del vehículo al adulto mayor, dejándolo en una situación de vulnerabilidad frente al grupo que lo rodeaba.
Ante el creciente acoso y la imposibilidad de retirarse del sitio, el adulto mayor solicitó el apoyo de sus familiares, quienes acudieron al lugar con la intención de auxiliarlo; sin embargo, también fueron objeto de agresiones.
Conforme a la denuncia, algunos de los locatarios adoptaron una actitud violenta, incluso en contra de una de las hijas del afectado, lo que elevó considerablemente la tensión y el nivel de intimidación en el lugar.
Aunque los familiares del adulto mayor intentaron encauzar la situación mediante la intervención de una compañía aseguradora, las personas involucradas rechazaron cualquier alternativa por la vía formal.
El supuesto daño al vehículo era descrito como un rasguño mínimo que, de acuerdo con los afectados, ya se encontraba previamente, lo que fortalece la hipótesis de que se trató de un intento deliberado de extorsión.
Finalmente, bajo presión constante y con el objetivo de poder retirarse sin mayores riesgos, la familia se vio obligada a entregar la cantidad de dos mil pesos para que se les permitiera abandonar el sitio.
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