Ciberasedio, anulado
La historia reciente de la llamada Ley de Ciberasedio en Puebla ilustra la previsible tensión entre la necesidad de regular los espacios digitales y el riesgo de vulnerar derechos fundamentales. Desde su aprobación en junio de 2025, bajo el respaldo de la mayoría de Morena, la reforma al artículo 480 del Código Penal fue presentada como una herramienta para proteger a la ciudadanía, especialmente a grupos vulnerables, frente a la violencia digital. Sin embargo, la rapidez con la que avanzó en el Congreso contrastó con la falta de precisión en su redacción, particularmente en términos como “insultar” u “ofender”, cuya ambigüedad encendió las alertas. Las críticas no tardaron en llegar. Desde la oposición, el Partido Acción Nacional denunció un intento de censura, mientras que organizaciones como Artículo 19 y Propuesta Cívica advirtieron sobre un posible uso discrecional de la ley para inhibir la crítica periodística y ciudadana. La presión social obligó a una primera rectificación: en julio de 2025 se modificó la norma para excluir a servidores públicos como posibles víctimas. No obstante, la percepción de que se había intentado abrir una puerta a la censura persistió, y el conflicto escaló hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución de ayer, que invalidó el delito de ciberasedio por su imprecisión y por generar incertidumbre jurídica, no sólo cierra este capítulo, sino que deja una lección clara: legislar en materia digital exige rigor técnico y sensibilidad democrática. No basta con la intención de proteger; es indispensable garantizar que las normas no se conviertan en herramientas de control o silenciamiento. En un país donde la violencia digital es una realidad, el reto sigue vigente. Pero, la libertad de expresión no debe ser una víctima colateral de leyes mal diseñadas. ¿Será?
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Disputa por el huachicol
La tensión en el denominado Triángulo Rojo volvió a escalar en los últimos días, en medio de una abierta disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo local conocido como Los Tepeaca. La pugna se centra en el control de un corredor estratégico que atraviesa municipios como Quecholac, Tepeaca y San Martín Texmelucan, una zona históricamente ligada al robo de combustible. Ante este escenario, autoridades estatales activaron un operativo conjunto con la Guardia Nacional el pasado 12 de abril en la junta auxiliar de San Mateo Tlaixpan, perteneciente a Tecamachalco. La intervención provocó la huida de presuntos integrantes de grupos delictivos, quienes abandonaron un importante arsenal en el lugar. Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad aseguraron armamento de alto poder, entre el que se encuentran fusiles tipo M4, un rifle R-15 con aditamento lanzagranadas, así como una ametralladora calibre 7.62 y un tubo cañón calibre .50 con tripié. Además, se localizaron 28 granadas calibre 40 milímetros, dispositivos explosivos y un artefacto explosivo improvisado. En la zona también fueron halladas camionetas, motocicletas y equipo utilizado para bloquear carreteras, como ponchallantas. Horas después, comenzó a circular un video en el que aparecen seis hombres armados y encapuchados lanzando amenazas contra grupos rivales vinculados al huachicol, en un intento del grupo por reafirmar su presencia tras los golpes recibidos. Más allá de los decomisos y los despliegues de fuerza, la seguridad duradera dependerá de la capacidad del Estado para recuperar el control del territorio y la confianza de la población. Sólo así será posible transformar un escenario de confrontación constante en uno de estabilidad real. ¿Será?