En noviembre de 2013, Araceli Vázquez Barranco fue asesinada por su expareja, Javier N, al interior de su domicilio. Desde entonces, su madre, Amada Barranco, ha sostenido una lucha de más de una década para evitar que el caso de su hija se sume al 99 por ciento de feminicidios impunes en México.
A inicios de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó revisar el caso bajo el delito de feminicidio, situación que, acusó la familia, ha derivado en revictimización.
Lo anterior ocurrió en el marco de un pronunciamiento sobre la iniciativa de la Ley General de Feminicidio, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un evento organizado por la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero).
La propuesta legislativa plantea homologar el delito de feminicidio en todo el país, establecer 21 agravantes y endurecer las sanciones contra agresores.
Al respecto, el coordinador de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero, Simón Hernández León, consideró que la reforma podría contribuir a construir un marco legal que permita combatir la impunidad en miles de casos.
“El tema de la impunidad es uno de los que constantemente se colocan en la agenda pública (…) la violencia feminicida no termina con el asesinato, sino que continúa mientras exista la impunidad”, expresó el académico.
Por su parte, María Fernanda Santos de la Rosa, responsable de Acceso a la Justicia y Violaciones a Derechos Humanos de la Clínica Jurídica, reconoció los avances legislativos orientados a restituir la dignidad de las víctimas, aunque advirtió que aún existen vacíos para que familias como la de Araceli puedan acceder plenamente a la justicia.
Reclasificación del delito
Cabe recordar que en junio de 2023, Javier N fue detenido y, en febrero de 2024, sentenciado a 35 años de prisión por el delito de feminicidio.
No obstante, tras apelar la condena, en noviembre de 2024, la Cuarta Sala Colegiada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia de Puebla reclasificó el delito a homicidio, reduciendo la pena a 27 años y seis meses de prisión, al considerar que no existían elementos para acreditar la razón de género.
Ante esta resolución, la familia de Araceli, acompañada por la Clínica Jurídica Minerva Calderón, promovió un amparo directo. Aunque el recurso fue concedido, únicamente fue “para efectos”, con la orden de reabrir el proceso penal y realizar nuevas pruebas periciales, sin reconocer plenamente el feminicidio.
Posteriormente, la defensa legal presentó un recurso de revisión ante la SCJN; sin embargo, el máximo tribunal desechó el caso al considerar que no contaba con relevancia constitucional ni interés excepcional, cerrando la posibilidad de analizarlo con perspectiva de género e interseccionalidad.
“Han sido años de revictimización, de volver a contar una y otra vez lo que pasó con mi hermana”, declaró Alma Delia Vázquez Barranco, hermana de la víctima.
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