La advertencia del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la complejidad de la elección judicial de 2027 revivió las críticas que la oposición lanzó desde 2024 durante la discusión de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El organismo electoral entregó a la Cámara de Diputados un diagnóstico técnico donde plantea que empatar los comicios judiciales con las elecciones federales y locales provocaría un escenario “prácticamente inmanejable”. La razón: en 2027 coincidirían la renovación de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, alcaldías, congresos locales y cargos del Poder Judicial.
Según el INE, el reto implicaría instalar cerca de 354 mil casillas, capacitar a 3 millones de funcionarios, imprimir 985 millones de boletas y fiscalizar más de 55 mil candidaturas. Además, el instituto alertó que los sistemas logísticos, de monitoreo y fiscalización podrían saturarse.
Las observaciones coinciden con los señalamientos que legisladores del PRI realizaron hace casi dos años. El diputado Yerico Abramo Masso cuestionó entonces el “impacto presupuestal no medible” de la reforma, mientras que César Alejandro Domínguez advirtió que las boletas serían “arcaicas y disfuncionales”, generando confusión entre los votantes.
El coordinador priista Rubén Moreira también criticó la falta de claridad sobre el número de boletas y la ausencia de simulacros para evaluar el nuevo modelo electoral.
Para el politólogo Gustavo López Montiel, académico del Tec de Monterrey, la primera elección judicial evidenció fallas técnicas y operativas que no fueron previstas durante la aprobación de la reforma. Además, consideró que para los partidos políticos será prioritario disputar gubernaturas y el control legislativo antes que la renovación de jueces y magistrados.
El debate sobre la reforma judicial, sus costos y la viabilidad de la elección de juzgadores vuelve así al centro de la discusión política rumbo a 2027.