El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incorporó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados, una decisión que fortalece las sanciones contra ambas estructuras criminales y eleva a ocho el número de cárteles mexicanos catalogados bajo esa figura desde febrero de 2025.
La actualización apareció en la Lista de Nacionales Especialmente Designados, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Aunque ambas organizaciones ya enfrentaban restricciones por narcotráfico, ahora también quedan sujetas a la legislación antiterrorista estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, firmó la determinación el pasado 2 de julio y entró en vigor tras su publicación en el Registro Federal.
Sanciones financieras, judiciales y migratorias
La nueva clasificación permite a las autoridades estadounidenses congelar bienes, bloquear cualquier operación financiera con los grupos designados e imponer sanciones penales a quienes proporcionen apoyo material, recursos, armamento, servicios o capacitación.
Asimismo, la medida impide el ingreso de integrantes de estas organizaciones a Estados Unidos y fortalece las acciones judiciales que enfrenten ante tribunales federales.
Escala tensión entre México y Estados Unidos
La decisión surgió en medio de un nuevo intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos. El director de la DEA, Terrance Cole, aseguró que las redes del narcotráfico y el gobierno mexicano "son lo mismo". En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó esas afirmaciones como un posicionamiento político sin sustento.
Mientras tanto, Washington mantiene su estrategia regional contra el crimen organizado mediante el Escudo de las Américas, una alianza de cooperación militar y de inteligencia integrada por 13 países, a la que Colombia se incorporará en agosto. México, pese a concentrar el mayor número de organizaciones incluidas en la lista estadounidense, permanece fuera de esa coalición.
La designación forma parte de una política de mayor presión impulsada por la administración estadounidense, que también contempla procesos judiciales contra funcionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, además de operaciones militares contra rutas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.