Estados Unidos reunió en Washington a representantes de 66 países para coordinar una estrategia internacional contra lo que la administración del presidente Donald Trump identifica como un resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda, una iniciativa que retoma el modelo de cooperación global implementado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Durante la inauguración del encuentro, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a reconstruir una alianza internacional similar a la que enfrentó a Al Qaeda y al Estado Islámico, al considerar que el escenario de seguridad internacional enfrenta una nueva amenaza.
"Nos enfrentamos a una nueva ola de este viejo mal", afirmó Rubio al defender la necesidad de una respuesta coordinada entre gobiernos.
Washington endurece su estrategia
La administración estadounidense fortaleció su política durante los últimos meses. En noviembre, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro grupos europeos, entre ellos Antifa Ost, medida que permite congelar activos y sancionar cualquier apoyo material.
Posteriormente, el gobierno ofreció recompensas de hasta 10 millones de dólares por información relacionada con las fuentes de financiamiento de esos grupos. Además, en mayo presentó una estrategia que coloca al llamado enemigo interno al mismo nivel que el yihadismo y el narcotráfico.
A esta política también se incorporó un componente económico. El Departamento de Estado lanzó una convocatoria de subvenciones de entre uno y tres millones de dólares dirigida a organizaciones civiles europeas que promuevan vínculos con Estados Unidos y denuncien presuntos actos de censura en sus países.
México no participa en la reunión
Entre los asistentes figuraron España, Alemania, Canadá, Italia, Israel, Argentina, Chile y Uruguay. México, pese a aparecer en la lista de invitados, no acudió al encuentro. Tampoco participaron China ni Colombia.
Durante la cumbre, funcionarios estadounidenses insistieron en que Antifa opera como una red internacional. Sin embargo, especialistas y el FBI describen al movimiento como una estructura descentralizada, sin liderazgo ni membresía formal.
El asesor presidencial Stephen Miller respaldó la nueva estrategia, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció revisiones fiscales a organizaciones sin fines de lucro bajo sospecha de financiar actividades relacionadas con grupos extremistas.