Redacción
Dos empresas establecidas en Puebla aparecen en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)como firmas sospechosas de operar en países considerados como paraísos fiscales, .
Una de ellas, de Marco Louvier, supuestamente ligado a la firma Fair House Limited, con domicilio en calle Lago Hurón 3, a un costado del Club de Golf Campestre, en la zona de Mayorazgo, de acuerdo con información del portal e-consulta.
La otra compañía pertenece a Elvin Siew Chu Wai y refiere como domicilio Avenida Juárez 1706, interior 205, como intermediario de Dulcet Star LTD, establecida en las Islas Vírgenes Británicas.
En el primer caso, la investigación periodística refiere que verificó que en la dirección citada no hay locales comerciales.
Se trata, indica el portal de noticias, de una casa particular. Una persona del sitio dijo que conoce a Marco Luovier pero indicó: “Reside en Argentina”.
En el domicilio registrado como la firma intermediaria de Dulce Star LTD, tampoco se encontró esa ocupación comercial, sino las oficinas de BHR Enterprisse México, “dedicada a actividades contables y que ocupó el edificio apenas hace cuatro meses”, indica la investigación periodística.
Como se sabe, los llamados Panama papers son los datos de más de 200 mil empresas, fondos, organizaciones y fundaciones del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales.
El ICIJ ha hecho públicos esos documentos que involucran a 140 políticos y altos funcionarios, incluidos mandatarios y sus familiares y socios empresariales.
Actualmente, 33 mexicanos se encuentran bajo investigación del gobierno federal, luego que sus nombres y expedientes aparecieron en los Panama papers.
La presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Leticia Hervert, ha explicado que todos ellos son sospechosos de evadir el pago de impuestos y que ello amerita una multa de “casi el 100% de la cantidad no pagada” y, en caso de que el sospechoso no aclare el origen de estos recursos, la pena es de tres meses hasta nueve años en prisión.
Esos castigos corresponden a procesos administrativos y penales; es posible rastrear en forma simultánea lavado de dinero.
Los mexicanos señalados son exfuncionarios y empresarios.