Ante la reforma a la Ley de Armas de Fuego y Control de Explosivos enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso días antes de terminar su sexenio, especialistas aseguran que las armas compradas legalmente no son responsables de la violencia en el país.
Incluso, aseguran que la iniciativa va en contra de los derechos de los ciudadanos, quienes obtienen armas de forma legal ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el objetivo de resguardar sus hogares.
La iniciativa, presentada el 18 de septiembre pasado y turnada a la Comisión de la Defensa Nacional de San Lázaro para su análisis, prohíbe los calibres 9 mm, .357 y magnum .22 para armas en posesión de civiles. Además, determina que la comercialización de cartuchos sea únicamente para las armas de fuego inscritas en el Registro Federal de Armas.
Y finalmente, determina supuestos de infracción a la ley para quienes posean cartuchos de uso permitido sin tener registro de un arma que ampare su uso o cuente con armas de fuego sin haberlas manifestado en el Registro Federal de Armas.
Para Luis Antonio Merino, presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Arma de Fuego (AMUAF), la iniciativa busca desarmar a la población civil justo cuando el país vive una crisis de seguridad.
“Las armas no son culpables de la violencia, son las personas, entonces siempre los políticos usan el tema de las armas, como si fueran la fuente de la violencia, cuando son las mismas personas. El quitarle las armas a los ciudadanos, lo único que hace, es dejarlo en un estado de intensión”, comentó.
En entrevista con 24 HORAS, aseguró que los homicidios registrados con arma de fuego en México, en su mayoría, son cometidos por criminales con armas sin registro: “a los usuarios legales, nos piden antecedentes no penales, documentos, te tardas un año para comprar una arma”.
Santiago Barroso, usuario legal de un arma de fuego, negó que los homicidios y la delincuencia organizada diminuya con la iniciativa de la Cuarta Transformación, dado que el Estado no está garantizando la seguridad, de ahí que el cobro de piso y la extorsión vaya en aumento en el país.
Jesús Cazas, agremiado a un club de tiro, aseguró que la reforma es una arbitrariedad, dado que el Gobierno no es capaz de garantizar la seguridad en el país.
“Todas esas armas que usan para delinquir vienen por el tráfico ilegal que no tienen controlado”, comentó.
Para el diputado federal Emilio Manzanilla (PT) la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos enviada por la pasada administración federal se quedó corta, pues además de limitar calibres, no permite la portación de armas por particulares como forma de protección ante la inseguridad.
“Yo hubiera querido que se hubiera facilitado… pero al contrario ahora limita calibres, elimina algunos y se complica un poco más. No era así.
“No estoy de acuerdo. Yo estoy a favor de que la gente tenga su arma en su domicilio y en la portación también, pero se complica mucho; cuando metes tus documentos para portación de arma de fuego se complica, no te lo dan porque queda a criterio de la Defensa Nacional y ya no te la dan. Incluso yo hice la solicitud y me la negaron”, expresó el legislador.
Lamentó que la iniciativa que remitió el pasado Ejecutivo federal pretenda limitar o baje los calibres para el uso de la población en general, cuando lo que se necesita, consideró, es que se aumenten los calibres y se permita la portación de armas de fuego.
Manzanilla, quien en la LXIV legislatura presentó una iniciativa en ese sentido, insistió en que si una persona, sin antecedentes penales, cumple con los exámenes físicos, psicológicos y psicométricos que establece la legislación y toma un curso de manejo de armas de fuego, pueda portar un arma para su protección.
Análisis
De acuerdo al doctor Fernándo Jiménez Sánchez, especialista en seguridad del Colegio de Jalisco, el proyecto parecería ir en contra de los ciudadanos que poseen legalmente un arma.
“La reforma parece terminar con la idea de que los mexicanos somos pacíficos, al aceptar que somos los generadores de más de 30 millones de delitos que se cometen cada año, de más de 50 mil casos de desaparecidos y de los 200 mil homicidios en este sexenio. Ante esto, todo indica que el gobierno comienza a ver a las personas como una amenaza, o que reconoce un riesgo que implica la población legalmente armada”.
Por ello considera que debería abrirse el debate sobre el acceso y uso de armas -más en un contexto de altos índices de violencia y criminalidad- pero esto no se ha materalizado debido a la facilidad con la que se accede al mercado ilegal.
“La propuesta de reforma del Presidente dificultaría la posesión y el uso de armas de fuego legales (…) la reforma demuestra la idea de debilitar aún más, o incluso ilegalizar y penalizar, los esfuerzos ciudadanos para defenderse legítimamente”
Por ello considera que el proyecto de López Obrador sería para perseguir “a los ciudadanos, más no a los criminales”