Datos de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) obtenidos por NBC revelan que el 41% de los más de 4,400 migrantes detenidos en febrero no tenía antecedentes criminales.
Esto contradice el discurso de la administración, que ha enfatizado la criminalidad de los migrantes detenidos. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, justificó la política al afirmar que los migrantes sin condenas "no son necesariamente inocentes".
El incremento de arrestos impacta el sistema migratorio. Entre principios y mediados de febrero, la población en centros de ICE pasó de 39,238 a 41,169 personas, casi alcanzando la capacidad máxima de 41,500 detenidos.
La falta de espacio ha llevado a la administración a habilitar nuevos centros en Texas y Kentucky y considerar la expansión en Denver. Además, se ha comenzado a trasladar migrantes a la prisión de Guantánamo, con un plan para albergar hasta 30,000 personas.
La crisis también afecta los tribunales de inmigración, con 3.6 millones de casos acumulados, lo que prolonga los procesos por años. Solo el 13% de los detenidos está en proceso de "expulsión acelerada", mientras que el 87% restante enfrenta procedimientos prolongados.
En Nueva York, el alcalde Eric Adams anunció el cierre del Centro de Llegada de Solicitantes de Asilo en el Hotel Roosevelt, que desde mayo de 2023 registró a 173,000 migrantes.
El plan de deportación masiva de Trump enfrenta desafíos logísticos y legales. Aunque el número de detenidos con antecedentes penales aumentó un 18%, el dato más relevante es el alto porcentaje de expulsados sin historial criminal.