Con 34 votos a favor y seis en contra, el Congreso del Estado de Puebla aprobó el denominado Plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en un contexto marcado por críticas de legisladoras de oposición.
Durante la discusión en el Pleno, diputadas locales de oposición sostuvieron que la propuesta responde más a intereses políticos coyunturales que a una transformación profunda y estructural del sistema electoral.
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En este sentido, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Susana Riestra Piña, criticó lo que definió como una “urgencia selectiva” en la agenda legislativa, al considerar que se privilegian ciertos temas sobre otros de mayor relevancia.
“La urgencia selectiva exhibe prioridades distorsionadas (...) se privilegia la agenda impuesta y se ignora el trabajo plural de la Legislatura, debilitando el debate y la representación”, expresó la panista.
Asimismo, cuestionó si resulta verdaderamente prioritario aprobar una reforma que, a su juicio, tiene un carácter más administrativo que de fondo, en lugar de atender demandas en materia de seguridad, movilidad o combate a la corrupción.
En la misma línea, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara, advirtió que la reducción del número de regidores podría tener efectos negativos en la representación ciudadana y en los contrapesos democráticos.
“Reducir regidores significa disminuir la pluralidad política y concentrar más poder en las autoridades municipales”, señaló.
Añadió que, lejos de fortalecer la vida democrática, la reforma “debilita los mecanismos de rendición de cuentas” y sostuvo que su trasfondo podría ser limitar la presencia de fuerzas opositoras en los cabildos.
DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS
Por su parte, legisladora local de Morena, Graciela Palomares, afirmó que la iniciativa no debe interpretarse únicamente como un ajuste técnico o administrativo, sino como una redefinición de prioridades del poder público.
“No se trata sólo de una reforma administrativa, sino de una definición de principios: primero está la gente, el bienestar colectivo y la justicia en el uso del dinero público”, sostuvo durante su intervención.
Con las modificaciones aprobadas, los ayuntamientos estarán integrados por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías.
También indica que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos de la entidad federativa correspondiente.
Asimismo, se deberán garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración de los órganos legislativos locales.