Integrantes de las colectivas Mujeres por el Derecho al Cuidado y Una Vida Libre de Violencia, así como Madres Viviendo Violencia Vicaria, se pronunciaron a las afueras del Poder Judicial de la Federación, donde expusieron los retos que enfrentan las sobrevivientes para acceder de manera efectiva a la justicia.
En el marco del Día Estatal de la Lucha contra la Violencia Vicaria, denunciaron la existencia de campañas mediáticas y discursos públicos que, afirmaron, buscan desacreditar y minimizar la exigencia que mantienen hace varios años.
Gabriela Rosas, representante de ambas colectivas, señaló que la violencia vicaria no debe entenderse únicamente desde el ámbito de los procesos judiciales o de los expedientes legales, ya que sus consecuencias impactan directamente en la vida cotidiana de niñas, niños, adolescentes y madres sobrevivientes.
Explicó que esta forma de violencia ocurre cuando los agresores utilizan a los hijos e hijas como instrumentos para ejercer daño psicológico, control, manipulación y sometimiento contra las madres, provocando afectaciones en el entorno familiar, así como en el desarrollo emocional y psicológico de los menores involucrados.
“Es un hecho que los efectos de la violencia vicaria alcanza otras dimensiones esenciales y es necesario ahondar más en ello porque son aspectos que no se están abordando”, expresó afuera del PJF.
VACÍOS INSTITUCIONALES
Durante el posicionamiento, las activistas reconocieron que la aprobación de la Ley Vicaria representa un avance importante en la visibilización de esta problemática; sin embargo, consideraron que persisten vacíos institucionales que impiden brindar una respuesta integral a las denunciantes.
Gabriela Rosas indicó que faltan mecanismos de restauración, acompañamiento psicológico y apoyo institucional que permitan, dijo, “reparar el daño ocasionado a las familias”, además de fortalecer la sensibilización y capacitación de las autoridades encargadas de impartir justicia.
Detalló que, en numerosos casos, las sobrevivientes enfrentan simultáneamente procesos en materia familiar, penal y de guarda y custodia, así como conflictos relacionados con pensiones alimenticias y convivencias, lo que vuelve aún más complejo el acceso a una resolución efectiva y a una protección adecuada.
“Las autoridades deben comprender que esta violencia tiene múltiples dimensiones y que no puede analizarse de manera aislada”, sostuvo.
Por su parte, Daniela Flores denunció que organizaciones como Soy Padre, no Criminal han dificultado el avance de diversos procesos judiciales, debido a que algunos presuntos agresores utilizan esos discursos y plataformas públicas para desestimar, desacreditar y cuestionar las denuncias presentadas por las madres.
“Se han utilizado campañas de comunicación para minimizar nuestra lucha y para intentar presentar a los agresores como víctimas”, afirmó.
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