La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena al legislar en materia de infancias trans al Congreso del Estado de Puebla, representa un exceso en las atribuciones del máximo tribunal del país y debilita el sistema democrático, consideró el maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Abraham Madero Márquez.
En entrevista, el especialista explicó que la función de la SCJN consiste en revisar la constitucionalidad de las leyes y garantizar el respeto a la carta magna, pero no en determinar el contenido de las normas que deben aprobar los congresos.
Señaló que el problema surge cuando la Corte instruye a los poderes legislativos locales sobre qué temas debe discutir, el sentido de las reformas e, incluso, establece plazos para su aprobación.
"La Corte puede declarar la invalidez de una norma o señalar una omisión legislativa, pero cuando ordena al Congreso qué debe aprobar, fija plazos e incluso prevé multas, deja de actuar como árbitro constitucional", afirmó.
Madero Márquez sostuvo que este tipo de resoluciones vulnera la división de poderes y la autonomía de los estatales, al limitar su facultad para deliberar y construir consensos legislativos.
Respecto al debate sobre la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes modifiquen su documentación oficial para que refleje su identidad de género autopercibida y no la asignada al nacer, el abogado, también especializado en derechos de la niñez, señaló que este sector de la población cuenta con una protección reforzada en el marco jurídico mexicano.
Por ello, consideró que cualquier reforma relacionada con el reconocimiento de la identidad de género en menores de edad debe analizarse con cautela y contemplar el acompañamiento de madres, padres o tutores.
"El mismo marco legal que protege los derechos de la niñez establece que este grupo no debe ser considerado como adultos y requiere protección reforzada (...) estas reformas violan los estatutos de cuidado; más allá de los temas ideológicos, no se les puede brindar la atención como si tuvieran la capacidad de tomar decisiones como adultos", sostuvo el maestro en Derecho Constitucional.
DEBIDO PROCESO
Por su parte, la abogada Paulina Hernández Torroco, vocera de la plataforma UNNA Infancia, coincidió en que la discusión sobre las infancias trans no debe centrarse únicamente en el fondo del tema, sino también en el respeto al procedimiento legislativo y a los principios del Estado de derecho.
La especialista señaló que las interpretaciones jurídicas pueden ser diversas; sin embargo, advirtió que la labor de la SCJN no debe consistir en "forzar el derecho para tomar una postura", pues ello podría sentar un precedente para otros asuntos.
"Hoy puede ser este tema; mañana puede ser cualquier otro", expresó.
Hernández Torroco sostuvo que corresponde a los congresos locales deliberar, escuchar las distintas posturas de la sociedad y construir, mediante el debate, las decisiones legislativas.
Asimismo, calificó como "muy invasivo" que desde el ámbito federal se obligue a los congresos estatales a legislar en un determinado sentido.
"Más allá de si estoy de acuerdo o no, hay que dar un paso atrás y preguntarnos cómo queremos que estos temas sean discutidos y valorados. Estas acciones debilitan el Estado constitucional, incluso si se está a favor o en contra", concluyó.
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