Sin reciprocidad
El gobernador Alejandro Armenta Mier volvió a lanzar una ofensiva pública contra Agua de Puebla, al convocar a los ayuntamientos que forman parte del contrato de concesión a denunciar los presuntos incumplimientos de la empresa. Para el mandatario, las deficiencias en el suministro y el mantenimiento de la red de drenaje han impactado a miles de habitantes de la zona metropolitana, por lo que pidió a las autoridades de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Amozoc hacer visibles las afectaciones que, aseguró, enfrentan diariamente sus ciudadanos. Armenta Mier cuestionó la postura de los gobiernos municipales al afirmar: "No hay reciprocidad, ni siquiera levantan la voz para señalar que Agua de Puebla está haciendo un desastre de los servicios que le corresponde prestar", recriminó. Más allá del nuevo intercambio de señalamientos, mientras persistan las deficiencias en el servicio y las responsabilidades se disputen en el terreno político, millones de poblanos continuarán esperando que el acceso al agua deje de ser una promesa y se convierta en un derecho plenamente garantizado. ¿Será?
Debate inevitable
Aunque el Congreso del Estado aún no ha fijado una fecha para discutir la reforma al Código Civil que permitiría reconocer a las infancias trans, integrantes del Frente Nacional por la Familia y CitizenGO reiteraron su rechazo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena al Legislativo poblano adecuar la normativa para garantizar el derecho al cambio de identidad de género en las actas de nacimiento. Acompañados por diputados del PAN, los manifestantes insistieron en que la Corte vulnera el principio de soberanía de las entidades para legislar. El diputado Rafael Micalco sostuvo que durante cuatro años la iniciativa ha permanecido congelada porque la mayoría de los legisladores no comparte su contenido. En la misma línea, la diputada Celia Bonaga aseguró que su bancada no permitirá que los ministros impongan “ideologías centralistas". Sin embargo, el escenario parece inevitable: Los legisladores ya no pueden ignorar la resolución ya que, en un Estado de derecho, las sentencias del máximo tribunal no están sujetas a la conveniencia política: se acatan. ¿Será?
Justicia tardía
Una década después de los hechos, la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Francesca Solimán Minutti, propietaria de la cadena Café Topolino, señalada como presunta autora intelectual del secuestro agravado de su expareja, un empresario originario de Chipilo, ocurrido en febrero de 2014. De acuerdo con las investigaciones, luego de concluir la relación sentimental entre ambos, la hoy detenida habría planeado una agresión contra la víctima. Inicialmente, un grupo de hombres lo golpeó al salir de un establecimiento nocturno; sin embargo, el empresario fue privado de la libertad y trasladado a distintos moteles ubicados sobre la carretera federal Puebla-Huejotzingo, donde permaneció cautivo. Finalmente, la familia entregó 75 mil pesos para conseguir su libertad. Aunque la justicia puede tardar años en alcanzar a los presuntos responsables, los delitos de alto impacto difícilmente desaparecen de los expedientes. Ahora será el proceso judicial el que determine la responsabilidad de la acusada, pero la detención también envía un mensaje claro: el tiempo no necesariamente significa impunidad. ¿Será?