La corrupción sigue siendo un lastre crítico para el desarrollo de México. La Coparmex alertó que estas prácticas generan pérdidas millonarias y ahuyentan la inversión, afectando directamente la economía nacional.
Según la ENCIG 2025 del Inegi, 9.42 millones de personas fueron víctimas de corrupción al realizar trámites. El impacto económico anual alcanzó los 17 mil millones de pesos en el país.
El costo promedio por ciudadano se situó en 3 mil 865 pesos. Esta cifra representa el nivel más elevado registrado en la última década, impactando severamente a los hogares mexicanos.
Las empresas también enfrentan retos significativos. La incertidumbre jurídica y los sobrecostos operativos dificultan la creación de empleos formales, obstaculizando la competitividad de las organizaciones ante el mercado global.
El organismo empresarial reportó que el 16% de quienes interactúan con servicios públicos sufren actos irregulares. La prevalencia es de 15 mil 642 actos por cada 100 mil habitantes, un aumento del 24% desde 2015.
A nivel internacional, México muestra un rezago alarmante. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, el país obtuvo apenas 27 de 100 puntos posibles, ocupando el puesto 141 de 182 naciones evaluadas.
Los datos de #DataCoparmex revelan que 40.2% de las empresas afiliadas enfrentaron irregularidades. Aunque la cifra mejoró ligeramente, cuatro de cada diez compañías aún padecen estas prácticas.
La mayor incidencia se localiza en los municipios, donde ocurren el 62.2% de los casos. Le siguen los niveles estatales con 57.8% y el federal con 42.8%, confirmando un problema de raíz estructural.
Para combatir este flagelo, es urgente fortalecer la transparencia gubernamental. Reducir la discrecionalidad y el abuso administrativo es indispensable para recuperar la confianza de los inversionistas y fomentar un crecimiento sostenible.
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