GERARDO GUTIÉRREZ
Dos excelentes textos publicados recientemente demuestran cómo la reconcentración de poder político y, la otra cara de la moneda, el debilitamiento del Estado democrático de derecho, han abierto una fractura estructural en México. Lo hacen exponiendo con precisión las consecuencias sobre los derechos ciudadanos elementales, por un lado, y, por el otro, en nuestra economía.
En el ensayo Hacia un Estado policiaco, publicado en la revista Nexos, dos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte, explican que no eligieron el título para alarmar, sino porque “sólo lo que se nombra puede discutirse, y sólo lo que se discute puede, con el tiempo, corregirse”. Tienen completa razón.
Ahí describen “la construcción metódica, gradual y jurídicamente sofisticada de un régimen autoritario”, detallando que, si bien cada pieza, aislada, admite un debate técnico, el problema está en el resultado de la concatenación: “un Estado con capacidades extraordinarias para vigilar, sancionar económicamente, congelar patrimonios, privar de la libertad e interferir en la vida de personas y empresas, sin que un Poder Judicial capturado por la vía electoral funja como defensor de los derechos vulnerados”.
No es que el Gobierno ya esté utilizando generalizadamente esos poderes: la clave es que “el riesgo no es teórico; es una posibilidad jurídicamente habilitada”. De ahí la recomendación: “para quienes dirigen organizaciones expuestas –empresas, medios, universidades, organizaciones civiles–, identificar la vulnerabilidad, mapear los riesgos jurídicos y diseñar respuestas coordinadas dejó de ser una buena práctica: es una condición de supervivencia”.
Por otra parte, en el artículo El espejismo económico del Gobierno de México, que puede leerse en Letras Libres, Guillermo Ortiz Martínez, ex gobernador del Banco de México, hace una revisión crítica de los 12 indicadores que, según el Ejecutivo federal, “revelan la fortaleza de la economía mexicana”.
Esa selección se hizo como respuesta a las evaluaciones negativas de Moody’s y S&P sobre las perspectivas económicas y fiscales de México, y cada dato, aislado, es técnicamente correcto. Sin embargo, brillan por su ausencia las “fragilidades ocultas” y “la historia completa”: una deuda pública bruta estimada en 62% del PIB y un crecimiento económico inferior a 1% en promedio anual desde 2019, ni la mitad del registrado en los 25 años previos.
Como enfatiza el también ex secretario de Hacienda, “hay una diferencia entre manejar el ciclo económico –algo que esta administración ha hecho con más disciplina de la que muchos esperaban– y resolver los problemas estructurales”.
Al respecto, destaca los factores que, según la encuesta a especialistas del sector privado del banco central, pueden afectar más al crecimiento, con los asociados a la gobernanza en los niveles de riesgo más altos del sondeo: inseguridad pública, Estado de derecho, corrupción, impunidad.
Ortiz muestra que “estos riesgos no son hipotéticos”, cita como ejemplo las acusaciones a funcionarios de Sinaloa en Estados Unidos y da en el blanco: “Tanto las calificadoras como los ciudadanos mexicanos estarán atentos a que el Gobierno de México pueda, en efecto, gobernar, en lugar de simplemente contar una buena historia”.
Ahí es donde el análisis económico conecta con la exposición que hacen Salazar Ugarte y López Ayllón de una secuencia de medidas legales, administrativas y judiciales que, al articularse, devienen en “una arquitectura del poder enteramente nueva”.
Un proceso comenzado en 2018 que va de la reconcentración de facultades en el Ejecutivo a la desaparición o colonización de organismos autónomos y a una mayoría calificada artificial para modificar la Constitución a placer; de ahí, al desfondamiento del Poder Judicial y a un oficialismo con las riendas de todos los circuitos del poder, sin contrapesos efectivos.
Los investigadores de la UNAM hablan de un modelo policial que pasa por el fin de la imparcialidad judicial, un Estado vigilante y la palabra crítica bajo presión.
Por un lado, además de la contrarreforma judicial, un amplio catálogo de delitos que conllevan prisión preventiva oficiosa, con la presunción de inocencia cancelada en los hechos; blindaje de las reformas constitucionales frente a todo control judicial, aun si atentan contra derechos fundamentales o la división de poderes; menoscabo del recurso de amparo, acotando severamente la suspensión de actos de autoridad durante el litigio. Además, congelamiento administrativo de cuentas bancarias por simples indicios de ilícitos, sin orden judicial.
Por otra parte, interconexión de todas las bases de datos –públicas y privadas– con una plataforma de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, registro obligatorio de líneas telefónicas y la CURP biométrica. Con ello, se abre la posibilidad de una trazabilidad total de la vida personal y empresarial, también sin controles judiciales.
Guillermo Ortiz ya había hecho un diagnóstico centrado en los efectos del socavamiento del Estado de derecho. Destacaba el problema de no contar con tribunales independientes que garanticen el cumplimiento de los contratos y la protección de los derechos de propiedad, y sostenía que el deterioro fiscal era “síntoma de una enfermedad más grave: un modelo de gobernanza receloso de los mercados, hostil hacia las instituciones independientes e incapaz de proporcionar la previsibilidad jurídica que requieren los inversores”.
Sí: para corregir una enfermedad hay que empezar por reconocerla.