El duelo después del asesinato de su madre es mayor para un hijo cuando el asesino también es su padre, quien termina por huir o en la cárcel. La orfandad por ambos padres los exponen a más riesgos: vivir sin tener acceso a educación de calidad, un futuro económico incierto, problemas de salud física y mental y, en otros casos, quedarse con la familia del feminicida, donde pueden seguir con el círculo de violencia que posiblemente vivían antes.
Por eso la especialista en prevención de violencia familiar, Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría SJ” (IDHIE ) de la Ibero Puebla, cree que sí se debe priorizar la recolección de datos de los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos cuando sus madres son asesinadas, pues una vez que se contabilizan y se conozcan sus características, tipo de daño y afectación que sufrieron, las instituciones podrán diseñar políticas públicas para atenderlos.
“A veces los niños y niñas no sólo tienen un daño psicosocial, sino a nivel psiquiátrico, niños con pesadillas, con problemas de sueño, con problemas de alimentación”, dice.
Las leyes como la de la Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes son suficientes para brindarles la atención necesaria, aunque no exista una base de datos que los tome como víctimas indirectas y sin que accedan todavía la reparación del daño.
La investigadora también opina que se debe conocer qué tipo de ayuda han recibido después de la pérdida de sus madres y entender que, tras el asesinato –sobre todo cometido por las parejas sentimentales de la víctima– , en los niños, niñas y adolescentes se modifica el concepto que tienen de familia, y, por tanto, requieren de otro tipo de apoyo ante la pérdida que sufren.
Para el director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, hay otro riesgo: que ante la ausencia de un mecanismo adecuado en los juzgados familiares para casos donde el padre es el agresor, el menor es más vulnerable al crecer en el mismo entorno, pues puede adoptar el mismo patrón de conducta o, en todo caso, que persista el ambiente de violencia.
LA OTRA PELEA: LOS TRIBUNALES
La OCNF, Cihuautla, el IDHIE de la Ibero Puebla y la Redim coinciden en que los jueces familiares al otorgar la custodia de los menores que han atravesado por la pérdida de su madre y haber vivido en un ambiente de violencia familiar deben considerar esta situación aunque no haya sentencia y analizar qué será lo mejor para el menor.
Para Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), en estos casos hay riesgos “hasta de vida”, por eso se tiene que tomar en cuenta qué es lo que ocurre con estos menores, pues hay casos donde se quedan con las abuelas, quienes además de librar una batalla contra la impunidad en el feminicidio tienen que pelear la guardia y custodia de sus nietos en el “peor de los casos” con la familia del feminicida.
La asesora jurídica de Cihuautla –una organización civil que se ha dedicado a dar acompañamiento legal a algunas de las víctimas–, Margarita Castro Santamaría, coincide en que se debe hacer una revisión de quién obtiene la custodia del menor, ya que en la actualidad si el agresor todavía no es sentenciado conserva los derechos como padre de sus hijos. Es decir, poco importa si el padre asesinó o no a la mamá.
Cómo recuperar los sueños perdidos
Si un caso de feminicidio o el homicidio doloso de una mujer llega a la etapa de sentencia, la pena debe incluir la reparación del daño de esos niños, en los que se incluya no sólo los años de la privación legal de la libertad o la indemnización económica, sino que se tome en cuenta el “tema aspiracional que tenía la víctima con respecto a su propia familia”.
Es decir, los objetivos, los sueños, su proyecto de vida junto a las aspiraciones respecto a sus propios hijos o hijas y el futuro que proyectaba para ellos, explica la titular del IDHIE Ibero Puebla.
Para la experta, el juzgador tendría que tomar en cuenta además las afectaciones que el asesinato de su madre causó al menor, sobre todo la atención que tendrán que recibir si presenciaron el homicidio, lo cual, a la fecha, no se hace.
Antes del feminicidio
El director Ejecutivo de la Redim México cree que antes de las cifras de los menores que quedaron en orfandad es necesario atender las denuncias de violencia familiar que se registran y escalan al asesinato de una mujer.
En el caso de las niñas, niños y adolescentes que ya pasaron por la pérdida de su madre por una muerte violenta en los últimos años, consideró que las autoridades deben brindarles la atención necesaria, aunque salvaguardando su identidad y evitar presumir que son beneficiarios de alguna clase de apoyo y, así, evitar etiquetarlos por la situación que viven y crezcan con esa “marca”.
Ver más allá de los feminicidios
La integración de una carpeta de investigación donde se tenga claridad de que hay un menor afectado es clave.
Castro Santamaría tiene claro que la responsabilidad estadística de dónde y quiénes son esos menores queda en manos de la FGE por ser los responsables de investigar el entorno de la víctima. Si el caso llega a un estado de definición y después una sentencia, entonces los hijos o hijas acceden a una reparación integral del daño.
Pero, también, opina que antes de todo eso, el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, niños y adolescentes de Puebla –del que la secretaria ejecutiva es Vanessa Barahona– tendría que haberse pronunciado ya al respecto y ampliar la atención a estas víctimas indirectas y no enfocarse sólo a los refugios y demás tareas que se asumen a través del DIF estatal.
“Estamos hablando de una conducción del Estado que permitiendo que el tema siga siendo un accesorio, ¿no?, porque se habla del feminicidio como una única preocupación del delito, y no como una preocupación de la reparación del daño integral a las víctimas. Aquí que nos corresponde como sociedad civil, poner a la luz estos temas y tener bien mapeado quién debe de atenderlas”, señala.
Para evitar que sigan sin tomarse en cuenta los hijos de mujeres asesinadas como víctimas indirectas, Castro Santamaría propone que exista un protocolo o convenio de colaboración interinstitucional en el que al identificar que de la víctima directa dependen menores de edad, el Ministerio Público informe al DIF estatal para una atención especializada, desde un trámite escolar hasta atención médica.
En tanto, en el Poder Judicial la propuesta sería contar con otro protocolo para atender estas situaciones que “están en el limbo”, cuando una de las partes interesadas en obtener la custodia de un menor de edad sea investigada por feminicidio o involucrada en el delito.
