El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta acusó que jueces y agentes del Ministerio Público están coludidos con el crimen organizado en la entidad, por lo que advirtió investigación y sanciones en su contra.
“La colusión no es solamente de policías, también es de jueces, de ministerios públicos (…) y habrá sanciones legales”, dijo en rueda de prensa
Barbosa Huerta declaró que Alfredo Ramírez Hernández, quien se desempeñaba como delegado de Bienestar en municipios de la Sierra Norte, fue vinculado a bandas delincuenciales; sin embargo, un juez de control lo puso en libertad, presuntamente de manera ilegal.
De acuerdo con el mandatario estatal, se presentará una queja ante el Consejo de Judicatura para analizar el caso.
“Una juez de control lo dejó libre, desde el análisis que se ha hecho del caso lo dejó ilegalmente libre. Vamos a presentar la queja ante el Consejo de la Judicatura, (…) si creen que van a seguir actuando como lo han hecho, se equivocan los jueces”, apuntó.
El viernes 22 de abril elementos de la Policía Estatal detuvieron a Alfredo Ramírez Hernández, alias El Hierba, quien se desempeñaba como delegado de Bienestar en el municipio de Chignahuapan.
El funcionario de 52 años, originario de Ahuazotepec, circulaba a bordo de su automóvil cuando los uniformados le solicitaron el alto para realizar una revisión de rutina encontrándole un arma larga, tipo mosquetón, calibre 7.2.
Los uniformados al verificar su identidad se percataron de que aparecía en la página 8 del Atlas Criminal del Estado de Puebla.
Sin embargo, una jueza declaró ilegal la detención, por considerar no creíble que llevara drogas y otros artículos ilegales. “La jueza consideró ilegal la detención, dijo que no era lógico, ni era creíble que vendiera droga”, acusó Barbosa Huerta.
A este caso, el titular del Poder Ejecutivo estatal también sumó el de otra jueza, quien presuntamente dejó en libertad de manera ilegal a la esposa y al guarura de un criminal, pues tampoco se consideró como creíble que estaban comercializando drogas.
Ambos casos se analizan en el gobierno de Puebla para determinar responsabilidades