La agrupación de inspiración maoísta –que fundó hace 47 años el ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo, Aquiles Córdova Morán, en el municipio de Tecomatlán-, Antorcha Campesina, tiene fundadas razones para dar rienda suelta a su enojo y frustración.

De las luchas originales para dar escuela y vida digna a las clases más humildes en la década de los 70, pasó a la prosperidad y fatuidad, condiciones entendibles en la actividad cuyo medio y fin es el dinero.

Su cúpula dirigente, incluyendo al señor feudal de Tecomatlán, han visto sin asimilar aún el cambio de paradigma del sistema al que habían estado hechos y que les arrojó ganancias políticas que se tradujeron en réditos económicos, que antes de la llegada de la Cuarta Transformación, era difícil cuantificar.

Desde que en agosto de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de diversos integrantes de su dirigencia -entre ellos el diputado federal mexiquense, Brasil Alberto Acosta Peña- y luego en noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público repitió la dosis, poco se ha sabido.

En 1988 con Carlos Salinas de Gortari decidió convertirse al priismo de la mano del hermano incómodo, Raúl Salinas de Gortari; en 2017 ofreció el voto corporativo por Alfredo del Mazo en el Estado de México y, un año después, en 2018 al presidenciable José Antonio Meade.

En esta elección, en Puebla, la alianza Va por Puebla que integran el PRI, PAN y PRD entregaron su respectiva cuota a la agrupación con una candidatura a una diputación a Soraya Córdova, hermana del fundador.

El holding empresarial en el que se convirtió la agrupación antorchista arroja enormes ganancias para quienes integran su cúpula, sobre todo en Puebla y en el Estado de México. Las cuotas diarias obtenidas por el pulpo del transporte público, red de grúas, gaseras y actividades agrícolas son difíciles de cuantificar.

Existen otros rubros por los cuales también hay utilidades, que van desde la gestión para permisos de venta para ambulantes, el cobro de piso y el chantaje en municipios y gobiernos estatales en donde han sentado sus mecanismos de operación.

La decisión del gobierno federal de retirar cuotas consistentes en apoyos de carácter institucional a agrupaciones, gestores y coyotes terminó por cortar una fuente de financiamiento para el adoctrinamiento de cientos de niños y jóvenes llegados de las zonas más apartadas, para nutrir las bases útiles del movimiento antorchista.

No es extraño que en ese cambio de modelo político, sus integrantes hayan llamado a la insurrección de sus bases contra el “mal gobierno” de Andrés Manuel López Obrador y, en Puebla, de Miguel Barbosa.

La fuente de dinero público se secó con la llegada de la #4T. Las complejidades no terminan ahí. La agrupación de la familia Córdova Morán tiene un problema mayor: 500 millones de pesos que tiene en la mira la autoridad fiscal y financiera en México.

El recurso fácil del reparto de culpas y la persecución política ya no resulta tan verosímil cuando la vida palaciega está a la vista.

 

@FerMaldonadoMX