El caso de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, ha vuelto a encender la controversia nacional luego de que su liberación fuera facilitada por decisiones judiciales cuestionables. Este martes, durante la presentación del Informe Cero Impunidad en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, acusó a dos juezas de haber beneficiado al exmandatario, permitiéndole salir de prisión y continuar su proceso judicial desde la comodidad de su hogar.
Rodríguez Bucio señaló directamente a la jueza Elsa Patricia Espinoza Salas, quien, el 5 de agosto, otorgó un amparo a Marín Torres, anulando una sentencia previa que había rechazado la modificación de la prisión preventiva en su contra. Esta medida fue seguida por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, quien, cinco días después, ordenó la liberación inmediata del exgobernador, permitiéndole abandonar el penal de máxima seguridad El Altiplano.
El exgobernador, detenido en febrero de 2021 por su presunta implicación en la tortura de la periodista Lydia Cacho, logró salir del Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya y trasladarse a su domicilio en Puebla bajo custodia domiciliaria. A pesar de su liberación, Marín deberá portar un brazalete electrónico, pagar una fianza de 100 mil pesos y tiene prohibido salir del país.
Rodríguez Bucio no dejó de subrayar la gravedad de la situación al mencionar que estas decisiones forman parte de un patrón preocupante en el que ciertas autoridades judiciales han favorecido a individuos señalados por crímenes graves, como es el caso de Juan Antonio Vera, acusado de atacar con ácido a la saxofonista Elena Ríos. “La jueza Ortuño Suárez consideró que Mario Marín acreditó su arraigo domiciliario en Puebla y que el Código Nacional de Procedimientos Penales permite otro tipo de medidas que puedan resultar igual de eficaces para garantizar su comparecencia en el proceso”, explicó Rodríguez Bucio.