El Pleno del Senado aprobó las reformas a la Ley del Infonavit y la Ley Federal del Trabajo, creando una nueva empresa filial que podrá adquirir y construir viviendas. Además, se incorporó un esquema de renta con opción a compra. Esta reforma ha generado críticas en la oposición, que cuestiona su transparencia y el manejo de los fondos de los trabajadores.
La senadora del PAN, Gina Campuzano, expresó su preocupación durante la discusión que duró más de cinco horas, asegurando que no se tendrá visibilidad sobre el destino del dinero de los trabajadores. “Es mentira que Morena está combatiendo la corrupción, porque no vamos a tener idea de lo que están haciendo con el dinero de tus ahorros”, destacó. Campuzano advirtió que la nueva empresa constructora no estará sujeta a auditorías por parte del gobierno.
Otro punto controversial fue la posible incertidumbre en el manejo de los recursos de la Subcuenta de Vivienda. La senadora del PRI, Mely Romero, señaló que la reforma pone en riesgo 2.4 billones de pesos: "Este dinero no solo es lo que está en el fondo, sino las aportaciones de toda la vida laboral de los trabajadores", explicó.
La senadora del PAN, Michel González, también alertó sobre el poder que adquirirá el director del Infonavit en el manejo de los fondos. En tono irónico, cuestionó la confianza en la figura de Octavio Romero Oropeza, a quien se le otorgaría el control de los recursos. "¿Qué podría salir mal?", bromeó, aludiendo a su historial en Pemex.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, también expresó su preocupación sobre la falta de mecanismos de control público y transparencia en la nueva empresa filial. Sin embargo, la senadora de Morena, Blanca Judith Díaz, defendió la reforma, señalando que el dinero que se destinará al nuevo esquema de vivienda fue previamente “robado” por desarrolladoras privadas.
Durante la votación, se registraron dos abstenciones: una del senador de Morena, Ricardo Sheffield, y otra de la emecista Amalia García. Las reformas también regulan el arrendamiento, estableciendo que el pago no debe superar el 30% del salario del trabajador, con opción a compra. Además, se prohibirá la actualización del saldo y se otorgarán nuevas facultades a la Secretaría de Hacienda y otros organismos de control.