La Ley de Ciberasedio es una iniciativa que brinda protección a los menores de edad que utilizan los medios digitales; sin embargo, dentro de la estructura del texto legislativo se vulneran derechos de otros sujetos, lo que permite la restricción a la libertad de expresión, tanto de medios de comunicación como de ciudadanos con posturas críticas, indicaron los académicos Juan Carlos Espina y Fernando Méndez, de la UPAEP.

El director de la Escuela de Derecho, Fernando Méndez, señaló que uno de los puntos más preocupantes es el de la extraterritorialidad, que implica que las personas o actos que se busca sancionar no se encuentran dentro del territorio en el que aplica la norma, es decir, están fuera del alcance del Estado.

“Es preocupante que el término de extraterritorialidad no esté bien definido en la norma aprobada en el Congreso. Ellos hablan de sancionar una interpretación, pero ¿en dónde?, porque la gente puede criticar, opinar o insultar fuera de Puebla. En este caso ¿cómo se aplica esta ley? No es viable, considerando que el mismo Gobierno a veces está rebasado”, señaló el académico.

En este tenor, el titular de la Escuela de Ciencias Políticas, Juan Carlos Espina, expresó que esta reforma —tal como está redactada—, violenta derechos como la libertad de opinión, no sólo de medios de comunicación, sino también de personas que emiten críticas hacia las autoridades por lo que consideran un mal actuar.

“Un acierto es el cuidado de los menores de edad que pueden estar expuestos a violencias en medios digitales y redes sociales. Lo malo es que la norma se utiliza para censurar a las personas que trabajan en medios de comunicación o para limitar la opinión de la ciudadanía que hace una crítica a un Gobierno. Aunque no sea el objetivo principal, la redacción de la ley sí lo puede permitir”, señaló Fernando Méndez, director de la Facultad de Derecho de la UPAEP.

Los académicos reconocieron que un aspecto positivo de esta norma es el impulso a la participación ciudadana para discutir una reforma; sin embargo, consideraron que esto debió hacerse antes de aprobar, con el fin de garantizar que se incluyeran todos los puntos de vista y no creando foros para justificar una ley.

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