GERARDO GUTIÉRREZ
Difícil exagerar la trascendencia del paso dado por el Gobierno estadounidense de acusar con fines de extradición al gobernador de Sinaloa, junto a un senador y otros ocho funcionarios públicos de ese estado por colusión con el crimen organizado. Máxime por el contexto, ante la revisión del TMEC y con un Donald Trump propenso a escalar hacia acciones aún más disruptivas.
Eso ya no sólo es posible, sino muy probable, dada su aprobación a la baja de cara a las elecciones de noviembre y el camino recorrido en lo que atañe al narcotráfico mexicano, desde su toma de protesta en enero del año pasado.
Todo indica que apenas vemos la punta del iceberg de esta crisis. Enfrentarlo con retórica legalista y burocrática difícilmente protegerá al barco de nuestro Gobierno contra la colisión que tarde o temprano puede venir.
A ello apunta la Estrategia Nacional de Control de las Drogas 2026 que acaba de publicar la Casa Blanca, de la que los especialistas destacan un mensaje de fondo muy duro para nuestro país: más que como aliado en seguridad y socio comercial, se le trata como problema.
El discurso de la soberanía tampoco ayuda ante el reto que abrió Estados Unidos. No se puede tapar el sol con ese dedo: el cáncer del crimen organizado y la corrupción en México está tan a la vista de los mexicanos como del mundo, y a pesar de la narrativa de “purificación” política, pareciera en metástasis.
La acusación, poniendo el dedo en la llaga que ya no debemos seguir “normalizando”, coloca a la nación en un punto decisivo y al Gobierno en una encrucijada.
Es lamentable que el detonador venga del extranjero, pero es una oportunidad para reaccionar y tomar al toro por los cuernos. Así lo ven millones de mexicanos.
¿Qué tiene que ocurrir para que ya pongamos diques a esa descomposición? Quizá sólo con una crisis así, producto de una acción judicial que, de cualquier modo para nada es improvisada, sino que viene cocinándose desde hace mucho.
En su primer día de vuelta a la Casa Blanca, Trump firmó una orden ejecutiva para designar a grupos criminales como Organizaciones Terroristas Extranjeras, incluyendo a los carteles mexicanos, a fin de activar sanciones económicas, procesos penales e incluso acciones armadas, como ya se hizo contra el dictador Nicolás Maduro.
Antes y después, ha dicho que respeta a nuestro Gobierno, pero lo califica como débil y temeroso ante el narcotráfico, ofreciendo el poderío estadounidense para combatirlo.
El Departamento de Justicia tiene bajo resguardo a capos y a muchas personas como testigos e informantes, varias de ellas enviadas por nuestro gobierno expeditamente, sin los reparos burocráticos que ahora pone. Por eso hay un expediente sólido avalado por un Gran Jurado.
No estamos ante una extradición más por tráfico de drogas. Es una acusación inédita contra un mandatario estatal en funciones y una estructura de Gobierno por proteger a un cartel, con impunidad y facilitación a cambio de apoyo político y sobornos. Se le imputa incluso el haberse reunido con los capos para acordar la ayuda para su elección.
Como señala el periodista Héctor de Mauleón, la acusación es un parteaguas precisamente porque va directamente contra la sociedad entre corrupción política y delincuencia. Las coloca en el mismo barco.
Se debate sobre si era forzosa la confidencialidad al respecto, como afirma el Gobierno mexicano, pero sí queda claro por qué no lo fue, remarcando el cruce de una línea roja en la relación bilateral. No por nada hay tanta especulación sobre acusaciones similares a otros gobernadores y políticos encumbrados.
Por lo pronto, como opina el politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez, hay una crisis doble: en nuestra relación exterior más importante e internamente, con una potencial fractura política. Sin embargo, como toda crisis, puede ser la gran oportunidad: el momento de ir a fondo contra las inercias o “equilibrios” de impunidad en México.
Los mexicanos deberíamos ver en esta coyuntura de quiebre la ocasión para empezar a “limpiar la casa”, no solo en Sinaloa, sino con una transformación de la vida pública nacional, ahora sí en serio.
Como ha sugerido Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, nos estamos quedando ya sin opciones fuera de lo que exige el realismo. Coincido: cambiemos la legislación de seguridad, modificada en el sexenio pasado para restringir la colaboración externa, para unir fuerzas como vecinos y socios comerciales ante este problema binacional.
Apostemos por la colaboración estratégica. No tiene por qué haber menoscabo de la soberanía: al contrario, se trata de recuperar partes del Estado capturadas por la delincuencia.