A casi un mes de la clausura parcial y temporal impuesta por la Profepa, el relleno sanitario de Chiltepeque, en Puebla, continúa operando al 80 por ciento de su capacidad.
La medida fue ordenada el pasado 14 de mayo tras detectarse riesgos de contaminación ambiental relacionados con la presencia de lixiviados, líquidos tóxicos generados por la descomposición de residuos sólidos urbanos.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente estatal, el sitio mantiene operaciones parciales mientras se aplican las medidas correctivas exigidas por la autoridad federal.
El director del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Omar Rodríguez Corte, aseguró que las acciones implementadas han permitido mantener el funcionamiento del relleno sin afectar el servicio de recolección de basura.
Sin embargo, las condiciones ambientales del lugar continúan generando preocupación entre activistas y especialistas.
El pasado 6 de junio, el ambientalista Darinel Keller denunció nuevos escurrimientos de lixiviados a unos 750 metros del relleno sanitario.
A través de videos difundidos en redes sociales, advirtió sobre posibles riesgos de contaminación fuera del perímetro autorizado y solicitó una intervención urgente de las autoridades ambientales.
Además, cuestionó la efectividad de la clausura parcial al señalar que camiones recolectores de otros municipios continúan ingresando al sitio, pese a las restricciones impuestas por la Profepa.
Las denuncias se suman a los señalamientos de la ambientalista Verónica Mastretta Guzmán, quien aseguró que el relleno sanitario operó durante más de 14 años sin una planta de tratamiento de lixiviados.
La activista recordó que la NOM-083-SEMARNAT-2003 establece la obligación de contar con este tipo de infraestructura, especialmente cuando existen barrancas o cuerpos de agua cercanos.
Mastretta también señaló que tanto la empresa concesionaria RESA como distintas administraciones municipales y estatales permitieron durante años la operación del sitio sin resolver adecuadamente el manejo de los líquidos contaminantes.
Mientras las autoridades sostienen que el relleno funciona bajo supervisión y medidas correctivas, organizaciones ambientalistas exigen una revisión más estricta para verificar el cumplimiento de las disposiciones federales y descartar riesgos para el medio ambiente.
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