Por: Guadalupe Juárez
Debido a que sólo auditaron un porcentaje de las obras del gobierno estatal de 2011 a 2018, la Comisión Inspectora del Congreso pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) la información sobre el resto de los proyectos que no se analizaron.
Lo anterior pues consideraron que en el resto que no se analizó puede haber irregularidades, y en estas se encuentren obras financiadas a través de Proyectos de Prestación y Servicios (PPS) y de Asociación Público Privada (APP).
Ayer, en sesión, la presidenta de dicha comisión, Olga Lucía Romero Garci Crespo, le pidió al auditor especial de Cumplimiento Financiero, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, que les entregue la información a la brevedad posible, aunque haya varias carpetas por revisar.
“Nos enteramos de que las auditorías no son del 100% y no sabemos qué obras fueron revisadas o auditadas, y si en esas obras están las que provocaron el endeudamiento de Puebla”, dijo.

La ASE justificó que no se auditaron todas las obras del gobierno del estado al tratarse de un “ente grande”, por lo cual dentro del marco legal fue posible sólo revisar una muestra representativa.
Entre los proyectos en los que consideran podría haber irregularidades están las obras insignias de los ex gobernadores Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, como los Centros de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), Museo Internacional del Barroco, la Estrella de Puebla y el Hospital de la Mujer.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión Inspectora, este tipo de proyectos son de los que la ciudadanía pide mayor información.
“Nos vamos a llevar una gran sorpresa cuando tengamos la información de esas obras”, agregó.
La diputada local no descartó que de encontrar irregularidades haya sanciones contra los responsables, incluso pidan explicaciones de por qué se pasó por alto la revisión de dichos expedientes.
Estimó que será la próxima semana cuando tengan acceso a la información, ya que deben estar digitalizados y será más sencilla su entrega.
En entrevista antes de la sesión, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que el porcentaje de lo que no se conoce de las obras es de 40% y afirmó que no se trata de un proceso judicial, sino de un tema administrativo.
