El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar las llamadas “pensiones doradas”, una medida que busca frenar los privilegios económicos en el sector público.
Con 37 votos a favor, el Poder Legislativo local se convirtió en uno de los primeros en respaldar esta iniciativa federal, que establece un tope máximo de 70 mil pesos mensuales para las jubilaciones de extrabajadores de empresas del Estado como la CFE, Pemex y Banobras.
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La modificación al artículo 127 constitucional plantea que ningún exservidor público podrá recibir una pensión superior al salario de la titular del Ejecutivo Federal, marcando un giro en la política de austeridad y equidad salarial en México.
Uno de los puntos más relevantes es su carácter retroactivo, lo que implica que quienes actualmente perciban montos superiores deberán ajustarse al nuevo límite. Esta disposición generó críticas por parte del PAN, que advirtió posibles implicaciones legales.
En contraste, legisladores afines a la Cuarta Transformación defendieron la reforma como un paso necesario para reducir la desigualdad económica y eliminar excesos históricos en el sistema de pensiones.
La medida no aplicará para integrantes de las Fuerzas Armadas, ni para pensiones derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales, lo que acota su alcance a casos considerados como privilegios desproporcionados.
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