El gobernador de Puebla anunció que interpondrá un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación,  por el bloqueo sistemático 

Redacción

El gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura presidencial del PAN en 2018, Rafael Moreno Valle, anunció que presentará un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ante la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíbe hablar de los logros de su administración y manifestar sus aspiraciones.

Ayer, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, el mandatario estatal calificó la resolución del Instituto como un abuso de la ley, discriminatoria y un atentado a la libertad de expresión.

Cuestionó que el órgano electoral federal no haya actuado de la misma forma con otros actores políticos que aspiran a la Presidencia de la República, entre ellos Andrés Manuel López Obrador o Margarita Zavala Gómez del Campo.

“El uso arbitrario de la ley hoy me perjudica; sin embargo, si permitimos que esto se convierta en norma, mañana atentará contra cualquier otro ciudadano.

“Es inexplicable que el Instituto no haya actuado en ese caso cuando se utilizan recursos públicos, lamentablemente al no conducirse conforme a derecho el INE ha propiciado inequidad intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura”, criticó Moreno Valle en la Ciudad de México.

Lamentó que el órgano electoral se atribuya funciones que no le competen, como influir en la línea editorial de algunos medios de comunicación a los que ordenó retirar publicaciones donde aparece y habla de resultados obtenidos durante su administración.

“Esta resolución violenta mis derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la rendición de cuentas sobre mi gestión en el gobierno de Puebla”, manifestó el titular del Ejecutivo en la entidad.

RMV tiene derecho a impugnar: presidente del INE 

Por su parte, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, admitió que el gobernador poblano tiene el derecho de impugnar la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias.

Reconoció tener diferencias con el dictamen emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias; sin embargo, respetará la decisión que tomaron sus compañeros consejeros.

“En ese sentido está abierta la puerta para que cualquier actor que esté inconforme con las decisiones que cualquier órgano del INE tome las impugne ante el propio Tribunal Electoral”, planteó Córdova Vianello, de acuerdo con una publicación del diario Reforma.

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La Comisión de Quejas y Denuncias exigió al mandatario estatal evitar en entrevistas con medios informativos “expresiones que destaquen sus cualidades personales y logros de gobierno que pudieran posicionarlo con fines electorales”.

A la par, solicitó a la empresa Televisa que retirara de su página web el video de la entrevista otorgada al periodista Joaquín López-Dóriga en el programa Chapultepec 18 el 22 de noviembre pasado.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que las autoridades electorales dictan restricciones al mandatario poblano. Primero le prohibieron que continuara con la promoción de sus logros a través de la revista Líderes, así como en spots de una compañía de cable.

Ayer, 24 Horas Puebla documentó que las consejeras Beatriz Galindo y Adriana Favela, quienes dictaron medidas radicalizadas en contra de Moreno Valle, se han caracterizado por estas decisiones en contra del PRD y PAN, pero a favor del PRI y el Verde Ecologista.

Sus palabras 

A continuación, la versión estenográfica del mensaje que dirigió el gobernador Rafael Moreno Valle ante los medios de comunicación en la Ciudad de México, con motivo de la resolución del Instituto Nacional Electoral.

Buenas tardes.

Quisiera decirles que el Instituto Nacional Electoral  ha intensificado la supervisión de mis acciones públicas y me ha requerido la sustentación minuciosa de un sinfín de actividades, incluso, las más cotidianas que forman parte de mi responsabilidad como gobernador de Puebla.

Respetuosos de la autoridad electoral, siempre hemos atendido en tiempo y forma sus requerimientos, acatando todas sus resoluciones; a pesar de que en muchas ocasiones, los plazos que otorgan para su cumplimiento son sumamente breves.

Alarmantemente, la acusación más endeble y a todas luces violatoria de cualquier dinámica democrática fue aprobada, el jueves pasado. El Instituto llegó al extremo de prohibirme emitir declaraciones frente a los medios de comunicación que constituyan promoción de logros de gobierno o de mis cualidades personales, incluso a pregunta expresa.

Asimismo, ordenó a un medio de comunicación retirar una entrevista de sus portales.

En otras palabras, ha intervenido en la decisión editorial que sólo debe incumbir a los medios y se ha tomado la atribución de decidir la integración de sus contenidos. Violando, el artículo sexto de la Constitución que establece: “La manifestación de las ideas no es objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”.

Esta resolución violenta mis derechos políticos, la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos, a la rendición de cuentas sobre mi gestión en el gobierno de Puebla.

Adicionalmente, atenta contra las garantías establecidas en tratados internacionales, entre otros: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José.

Este intento de censura, cuando todavía no ha iniciado el proceso electoral del 2018, debe poner en alerta a los medios de comunicación y a todos los actores políticos de nuestro sistema democrático. Evidentemente, el uso arbitrario de la ley hoy me perjudica. Sin embargo, si permitimos que esto se convierta en norma, mañana atentará contra cualquier otro ciudadano.

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Los acuerdos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE son discriminatorios contra mi persona, pues lo que me reclaman, forma parte del discurso de otras figuras públicas, como a continuación podrán observar.

Evidentemente, el comportamiento de la Comisión es errático.

Adicionalmente, las reformas realizadas al artículo 134 en el 2007, que apoyé como senador de la República, tenían como objetivo que los funcionarios apliquen con imparcialidad
los recursos públicos sin influenciar la equidad de la competencia entre los partidos políticos y que la propaganda gubernamental que no pudiera implicar promoción personalizada.

En este contexto, nunca se previó que se utilizarían los spots de los partidos políticos, como medio de promoción personalizada. Particularmente, por quienes abiertamente han manifestado su intención de participar en la contienda del 2018, como Andrés Manuel López Obrador. Es inexplicable, que el Instituto no haya actuado en ese caso cuando se utilizan recursos públicos.

Lamentablemente, al no conducirse conforme a derecho, el INE ha propiciado inequidad, intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento, por el cual se me censura.

En este contexto, he tomado la decisión, de interponer el recurso de revisión en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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