Redacción
El Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició una investigación en contra de la delegada en Puebla, Vanessa Barahona de la Rosa, tras conocerse que habría acompañado a la abanderada tricolor por la minigubernatura, Blanca Alcalá Ruiz, en un acto proselitista en horario laboral.
A través de un comunicado, la dependencia federal dijo que verificarán si la servidora pública “acudió o no al acto de naturaleza electoral”, y, en su caso, se procederá “conforme las leyes señalen”.
La STPS argumentó que el Ejecutivo federal instruyó el “respeto por la legalidad e imparcialidad en los procesos electorales a celebrarse en México”.
La Ley General de Delitos Electorales indica que se impone multa de 200 a 400 días de salario mínimo y prisión de uno a nueve años, al funcionario público que apoye a partidos o candidatos en forma personal o a través de subordinados “usando del tiempo correspondiente a sus labores”.
Para quienes son funcionarios públicos, sea en la esfera municipal, estatal o federal, se les considera conducta delictuosa, además de la señalada, obligar a sus subordinados a votar por algún partido o
candidato.
También es delito electoral prestar instalaciones oficiales.