Por Mario Galeana
El Congreso de Puebla exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y fincar responsabilidades por la compra a sobreprecio de un terreno que presuntamente la candidata por el PRI a la gubernatura, Blanca Alcalá Ruiz, adquirió y revendió a través de un socio suyo al Soapap con ayuda de un prestanombres durante su trienio como alcaldesa de Puebla (2008-2011).
La diputada panista Patricia Leal Islas dijo que existen “por lo menos 12 casos más documentados” relacionados a transacciones irregulares durante la gestión de Alcalá Ruiz y de otras administraciones, por lo que explicó que la Fiscalía deberá investigar las irregularidades administrativas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) desde 2005 a la fecha.
Durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, Leal Islas afirmó que en 2010, el Soapap –que mantenía entonces a Alcalá Ruiz como presidenta ejecutiva y al exgobernador Mario Marín Torres como presidente del consejo de aministración– adquirió un terreno para perforar un pozo y abastecer de agua la capital, que tuvo un costo de 11 millones 878 mil 366 pesos, pese a que éste tenía un precio máximo de 100 mil pesos.
De acuerdo con una investigación realizada por 24 Horas, el Soapap adquirió el terreno a sopreprecio millonario a Telmo Federico Muñoz Cuoto, socio y supuesto prestanombres de Alcalá Ruiz.
El terreno, que tiene una superficie de 5 mil metros cuadrados, fue comprado en primera instancia por la empresa Alta Publicidad de Puebla SA de CV a Elías Enrique Morales Garcilazo y María de Jesús Palacios Hernández por la cantidad de 850 mil pesos.
Alta Publicidad posee como accionista a Muñoz Cuoto, quien hoy es inversionista de la empresa Nacozari Gasolinera, de la cual Alcalá Ruiz posee el 25 por ciento de las acciones, según reconoció la candidata en su declaración patrimonial presentada ante la iniciativa ciudadana 3de3.
A principios de 2010, Alta Publicidad revendió el terreno al Soapap por 26 millones 979 mil 420 pesos, sin embargo, en mayo de ese mismo año el costo se redujo a 11.8 millones, puesto que el pozo de agua ubicado en el inmueble sólo tenía capacidad de abastecer 15 litros por segundo y no 60 litros por segundo, como se establecía en el convenio de compra-venta inicial.
El Congreso de Puebla exigió a la Fiscalía fincar responsabilidades por esta irregularidad, después de que Leal Islas presentara un exhorto a nombre de la bancada del PAN, y éste fuera avalado por seis votos a favor y uno en contra, durante la sesión ordinaria de ayer.
La medida parece haber tomado por sorpresa al PRI y a su aliado en el Congreso, el Verde Ecologista (PVEM), puesto que el coordinador de la fracción parlamentaria de este partido, Juan Carlos Natale López, se ausentó a la sesión de ayer, y el diputado priista Pablo Fernández del Campo acudió con un notable retraso.
“Ya basta de que se utilice el Soapap como una bandera política. Lo que pedimos es que se deslinden las responsabilidades”, sostuvo Leal Islas al término de la sesión.