El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) negó el registro como marca de la frase “Ministra del Pueblo” solicitada por Lenia Batres, ministra en funciones de la Suprema Corte.
La resolución se notificó el 3 de abril, solo tres días después de iniciadas las campañas judiciales, donde Batres busca ocupar un asiento definitivo en el máximo tribunal del país.
El dictamen señala que la denominación incumple con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, así como con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
“El signo solicitado es susceptible de engañar al público e inducir a error respecto a sus características, en relación con los servicios que pretende distinguir”, subraya el estudio técnico del IMPI.
Además, sostiene que el término “ministra” no puede ser empleado como marca, pues implica un cargo público que se obtiene únicamente mediante designación oficial, bajo condiciones jurídicas claras y verificables.
En este sentido, usar dicha expresión generaría confusión en la ciudadanía respecto a la legitimidad de quien la emplea y las funciones que desempeña en el ámbito jurisdiccional y político nacional.
El documento también indica que la frase carece de distintividad, al ser descriptiva de los servicios ofrecidos, por lo que infringe lo establecido en los artículos correspondientes de la ley industrial mexicana.
La solicitud fue presentada por César Villanueva Esquivel, secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de Lenia Batres, quien actualmente funge como ministra suplente dentro del órgano judicial.
El intento de registrar un eslogan político como marca ha sido cuestionado por diversos sectores, que advierten sobre el uso electoral de expresiones que apelan a una supuesta representatividad popular.
A pesar del rechazo, el entorno cercano a Batres no ha emitido postura oficial, mientras continúa en campaña buscando la ratificación definitiva para el cargo de ministra constitucional.
El caso evidencia la delgada línea entre el activismo político, el uso de símbolos institucionales y la legalidad en el registro de propiedad intelectual ante organismos oficiales como el IMPI.