La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha puesto en marcha la fiscalización de las cuentas públicas de Ciudad Serdán y Tlachichuca, municipios que estuvieron bajo el mando de los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra. Esta medida, confirmada por el encargado de despacho, Francisco Teomitzi Sánchez, desde el Congreso local, responde a la reciente detención de ambos exalcaldes. La investigación se centra en presuntos delitos de encubrimiento de mercancía robada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Los hechos llevaron a la renuncia de sus cabildos y suplentes, resultando en la imposición de concejos municipales para asegurar la gobernabilidad.
La ASE ya ha notificado a los concejos municipales sobre esta auditoría, garantizando que el proceso se desarrolle con total transparencia y conforme a la normativa vigente. Teomitzi Sánchez explicó que los concejos tienen un plazo de 30 días para presentar la información correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Esto permitirá a la ASE emitir una determinación precisa sobre la gestión de recursos en ambos ayuntamientos. La auditoría para la cuenta pública de 2024 también ha sido notificada, subrayando su relevancia en estos municipios. La vigilancia de los fondos públicos es fundamental.
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En otro frente, la ASE reveló que, de 2019 a 2025, se han presentado 70 denuncias por aviadores en diversas entidades y dependencias del estado de Puebla. Aunque Teomitzi Sánchez prefirió no detallar los casos específicos para no afectar el proceso, confirmó que algunos gobiernos municipales están involucrados. La presencia de plazas irregulares ha sido un tema recurrente. Estos casos se detectaron tras observaciones en las plazas ocupadas. Muchos de quienes las ostentaban dejaron de ser funcionarios públicos tras cambios administrativos.
La resolución de estas denuncias está pendiente y dependerá de las instancias correspondientes. Un ejemplo notable de esta problemática se registró en la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó irregularidades por 24 millones de pesos durante la fiscalización de la cuenta pública de 2021. Se ha documentado que, bajo la titularidad de Melitón Lozano Pérez, se otorgaron 800 plazas de categoría C, las cuales corresponden a los sueldos más altos. La corrupción es una preocupación constante.
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