La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla firmó un convenio con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial para capacitar agentes ministeriales en Derechos Humanos y perspectiva de género.
El acuerdo responde a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se enfoca en la prohibición absoluta de la tortura, tratos crueles o degradantes.
El documento fue firmado por Idamis Pastor Betancourt, fiscal general; Miguel Ángel Pérez Lugo, del despacho del fiscal; y José Eduardo Hernández Sánchez, del Consejo de la Judicatura.
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También participaron la magistrada María Belinda Aguilar Díaz, del Tribunal Superior de Justicia; Dulce María Pavón Jiménez, de la Escuela Judicial, y Mónica Roldán, de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Pastor Betancourt subrayó que juzgar con perspectiva de género es una obligación judicial, y la Fiscalía debe integrar las carpetas con ese enfoque, como parte de su renovación institucional.
Sin embargo, la FGE mantiene investigaciones abiertas contra agentes ministeriales acusados de tortura, abuso de autoridad y robo agravado, incluyendo una detención frustrada ocurrida el 15 de enero.
Uno de los investigados fue capturado en la colonia Revolución Mexicana, mientras otros tres lograron escapar. La FGE intentó detenerlos ese mismo día, sin éxito.
Los agentes están señalados por el caso de Alejandro M., exagente de la SSP, detenido en 2022 junto con su esposa, acusado de extorsión, luego liberado mediante juicios de amparo.
Alejandro denunció haber sido torturado por agentes ministeriales, quienes además sustrajeron su vehículo. Integró videos como evidencia en la carpeta judicial.
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