La Suprema Corte de Estados Unidos determinó que los fabricantes de armas están protegidos por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
La decisión frena la demanda presentada por México en 2021, donde acusaba a las empresas de facilitar el tráfico de armas hacia su territorio. Según el fallo, no se probó que los fabricantes hayan “ayudado e instigado” el tráfico ilegal.
La Suprema Corte revocó una resolución anterior de la Corte de Apelaciones, que había permitido continuar con el proceso. El caso regresa ahora al tribunal de distrito correspondiente.
Aunque el argumento de “ayuda y facilitación” fue rechazado, la Corte no se pronunció sobre el tema del daño directo (proximate cause), que también forma parte del caso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su desacuerdo con la decisión y anunció que seguirá utilizando todos los recursos legales y diplomáticos para combatir el tráfico ilícito de armas.
México sostiene que las empresas armamentistas tienen responsabilidad en la violencia generada por grupos delictivos, al permitir que sus productos lleguen de forma ilegal al país.
La demanda inicial fue interpuesta en Boston, Massachusetts. En paralelo, sigue vigente una segunda demanda presentada en Tucson, Arizona, contra cinco distribuidoras de armas. Este proceso continúa en la etapa de recolección de pruebas.
La Cancillería asegura que estos litigios han servido para visibilizar internacionalmente el impacto del tráfico de armas. Además, se espera una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.