Aunque no comprobó el ejercicio de 18 millones 749 mil 205 pesos cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula, el Congreso del Estado declaró prescritas la imposición de sanciones administrativas contra José Juan Espinosa Torres.
Actualmente, José Juan Espinosa Torres es candidato a diputado federal por el distrito 11, cobijado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Este 25 de marzo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), un decreto en el cual se declara esta prescripción de procedimiento por el ejercicio fiscalizado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
El decreto fue emitido por la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y posteriormente aprobado por el Pleno del Congreso.
Irregularidades que se le atribuyeron
El 15 de diciembre de 2021 se emitió un decreto para autorizar a la ASE el inicio y substanciación del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de Espinosa Torres.
Las irregularidades que se le atribuyeron fueron detalladas en el Informe Individual de Fiscalización del 6 de septiembre de 2018, por un monto de 18 millones 749 mil 205 pesos. Posteriormente, el 26 de septiembre de 2022, la ASE integró y registró el Expediente Administrativo número P.A. 17/2021.
Una de las irregularidades fue por 208 mil 800 pesos en gastos de orden social y cultural, ya que la licitación pública no cumplió la normatividad correspondiente.
Además, se observaron anomalías en otras licitaciones públicas por 359 mil 902 pesos, 754 mil pesos, 385 mil 932 pesos, 599 mil 710 pesos, 708 mil pesos y 364 mil 624 pesos.
De igual forma se detectaron anomalías por 162 mil 819 pesos en obras de albañilería e instalaciones hidrosanitarias en las áreas de baños, vestíbulos y sistemas de cómputo de la Presidencia Municipal.
Tampoco cumplieron con la normatividad correspondiente en la licitación para la reconstrucción de pavimento asfáltico en la avenida 25 Oriente entre Calle 6 y 8 Sur, por 542 mil 740 pesos.
Así como en una obra de desazolve del río Ametlapanapa, río Rabanillo, entre Rafael Ávila Camacho y bulevar Forjadores de Puebla y la calle Río Prieto, por 470 mil 26 pesos.
Más acusaciones
De igual forma, una licitación para el mantenimiento de edificios municipales tuvo irregularidades por 508 mil 210 pesos y otra más para la construcción de techado con Súper Span en el tianguis de Xixitla, por 3 millones 299 mil 969 pesos.
Además, la ASE halló irregularidades por 239 mil 675 pesos en la licitación de una barda perimetral y jardinería en el área de alberca del Centro Deportivo Tlachi, así como por la licitación para la cubierta de la explanada lateral de la Iglesia de San Diego Cuachayotla, por 209 mil 555 pesos.
También prescribió el procedimiento administrativo por la irregularidad de 5 millones 38 mil 736 pesos en la licitación para el mantenimiento de calles del municipio y por la licitación para la carpeta asfáltica de la vialidad del tianguis de Xixitla por un millón 686 mil 496 pesos.
Así como una más por un millón 246 mil 23 pesos por la licitación para la relaminación con concreto asfáltico en la avenida 5 de Mayo de dicho municipio.
Sin daño patrimonial
En el documento se aclara que “las conductas imputadas, obedecen a trámites administrativos pendientes de realizar, los cuales no implican de forma alguna, Daño Patrimonial o Perjuicio a la Hacienda Pública del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla”.
Fue el 10 de octubre de 2022 cuando el ex presidente acudió a la Dirección Jurídica de Substanciación de la ASE para ofrecer pruebas y defenderse de las acusaciones. Acudieron Alejandro Chilado Flores y Ricardo Hueletl Tochihuitl, como apoderados generales para Pleitos y Cobranzas y Poder Especial para Actos de Administración.
De acuerdo con los representantes legales, el ex alcalde de San Pedro Cholula aseguró que las obras fueron ejecutadas al 100 por ciento y en ese entonces se encontraban funcionando, por lo que invitó a que las autoridades corroboraran sus dichos.
Además, pidió que se prescribiera el procedimiento administrativo: “Por el contrario acudo a un procedimiento administrativo después de seis años de concluida la revisión del recurso por lo que considero han sido rebasados con demasía los plazos y términos que la Ley establece; por ende, solicito la prescripción de dicho ejercicio con base en lo establecido en la norma aplicable”.
De esta forma, se expidió el decreto para prescribir el procedimiento y se ordenó archivar el mismo.
“Tomando en cuenta el tiempo transcurrido en exceso, para imponer sanciones administrativas al que se refiere el artículo 80 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se declara que ha operado de pleno derecho la prescripción para la imposición de sanciones administrativas, teniendo el presente el valor de cosa juzgada en materia administrativa”, señala el documento.
Por Paola Macuitl Gallardo